"Las donaciones no son la solución: los países en desarrollo se han dado cuenta de que necesitamos la tecnología y la capacidad para responder a las pandemias nosotros mismos", afirma Maira Macdonal, embajadora de Bolivia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Ella habló con Global Citizen desde Ginebra, donde ha estado abogando por que cambien las leyes internacionales de propiedad intelectual y de patentes y así su país pueda tener más acceso a las vacunas COVID-19.

La pandemia de COVID-19 afectó a Bolivia poco después de una crisis política en 2019 y la consiguiente recesión económica.

"Fue difícil enfrentar a la pandemia cuando empezó después de una crisis así", añade. "Pero hemos intentado hacer todo lo posible para luchar contra ella, y hemos sido muy abiertos a ir a todos los países que podemos para conseguir más acceso a las vacunas".

El indulto en forma de mayores tasas de vacunación no podía llegar lo suficientemente pronto, pero con la producción mundial bajo el estricto control de un puñado de empresas farmacéuticas, el país está luchando para comprar los millones de dosis adicionales que necesita, y el dinero no es el único problema.

Bolivia, como muchos países en desarrollo, se enfrenta a retos estructurales, pero pudo contener la propagación del virus aplicando restricciones de confinamiento y otras medidas de precaución recomendadas por la OMS. El gobierno se centró en el brote proporcionando pruebas masivas gratuitas, coordinación localizada y vacunación gratuita.

Pero a medida que la pandemia avanzó, la presión económica para la reapertura hizo que aumentara el número de casos y que el sistema sanitario prácticamente colapsara. Las historias de familias desesperadas que viajaban de un hospital a otro en busca de camas y oxígeno para sus familiares enfermos se hicieron más frecuentes, y los trabajadores sanitarios se pusieron en huelga debido a la presión.

Gracias al mecanismo internacional de intercambio de vacunas COVAX, y a las importaciones de vacunas de China y Rusia, explica Macdonal, Bolivia comenzó a aplicar la vacuna en febrero y a la fecha el 25% de su población ya recibió al menos una dosis.

Pero eso está lejos de proteger a toda su población y las dosis llegan con demasiada lentitud, por lo que Bolivia se ha unido a otros países de ingresos bajos y medios como India y Sudáfrica, para pedir una exención temporal de toda la propiedad intelectual que rodea la producción de las vacunas COVID-19 y otras herramientas médicas clave, incluidas las patentes, los conocimientos técnicos y los datos de los ensayos.

Actualmente, las vacunas COVID-19 patentadas sólo pueden ser producidas por las empresas que las desarrollaron. Pero casi todas las empresas aceptaron grandes sumas de financiación pública para acelerar el desarrollo de las vacunas y permitirles empezar a fabricarlas incluso antes de que se conocieran los resultados completos del proceso de pruebas, lo que supone una fuerte reivindicación de la copropiedad pública. 

Ahora, el suministro limitado de vacunas se considera uno de los principales retos que se interponen en el camino para acabar con la pandemia, especialmente porque las naciones más ricas encargaron por adelantado grandes cantidades de dosis de vacunas a diferentes proveedores prometedores, y dejaron a las naciones más pobres con un acceso muy limitado.

El camino de menor resistencia para que los países accedan a las vacunas es que la Organización Mundial del Comercio (OMC) renuncie temporalmente a los derechos de propiedad intelectual de las vacunas, pero las discusiones ya se han prolongado durante meses.

Así, Bolivia, junto con un fabricante de medicamentos canadiense llamado Biolyse, están intentando desbloquear más dosis mediante un mecanismo poco utilizado, engorroso pero legal, conocido como "licencia obligatoria".

Biolyse afirma que puede fabricar 15 millones de dosis de la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson en nombre de Bolivia y exportarlas, si se les concede el permiso del gobierno canadiense para fabricar la vacuna sin la aprobación ni la participación del titular de la patente.

La empresa argumenta que esto es posible si Canadá añadiera las vacunas COVID-19 a una lista de medicamentos que pueden producirse con una licencia obligatoria utilizando el "Régimen de Acceso a los Medicamentos" de Canadá, legislación diseñada para aumentar el acceso a los medicamentos en los países en desarrollo en situaciones de emergencia.

Sin embargo, hasta ahora el gobierno canadiense ha paralizado los avances en la concesión de esta licencia tras cuatro meses de intentos, según John Fulton, vicepresidente ejecutivo de Biolyse.

"Hay muchas cosas que decir sobre esto, pero todo lo que tengo que decir es que el gobierno federal canadiense me ha ignorado por completo en lo que respecta a iniciar siquiera la conversación [sobre la concesión de la licencia]", señaló a Global Citizen.

Fulton explica que Biolyse es una de las pocas empresas de Canadá que tiene licencia para fabricar medicamentos inyectables, y su función actual es el envío de medicamentos contra el cáncer de primera línea dentro de Canadá y en todo el mundo.

Al comienzo de la pandemia estaban a punto de completar un área de fabricación en sus instalaciones que podría producir vacunas a gran capacidad, añade, y asegura que "podríamos haber estado en funcionamiento en cuatro o seis meses".

Desde marzo de 2021, Biolyse ha solicitado al gobierno que les permita utilizar su capacidad de fabricación para ayudar a producir vacunas tanto para Canadá como para el mundo, y Fulton envió una carta abierta el 11 de junio al ministro canadiense de Innovación, Ciencia e Industria, François-Philippe Champagne, implorando que lo hagan.

Para conseguir una licencia obligatoria, explica Fulton, hay que "encontrar un país que lo necesite y que necesite un medicamento patentado, y nosotros tenemos ambas cosas", pero ha habido reticencias para iniciar el proceso.

Bolivia es sólo un país que se ve obligado a la compleja situación de impulsar una licencia obligatoria. Es algo que la embajadora Macdonal dice que su gobierno está explorando por todas las vías posibles para aumentar su acceso a las vacunas.

"Los países más ricos nos han aconsejado que consideremos la posibilidad de recurrir a las licencias obligatorias con las distintas naciones en lugar de confiar en una exención de los ADPIC, pero hasta ahora no ha habido éxito", afirma Macdonal. "[El gobierno canadiense] nos dice que tardarán en concedérnosla, pero nunca dicen cuánto tiempo".

Las ONG, entre ellas Global Citizen, han pedido una mayor flexibilidad en las leyes de propiedad intelectual regidas por la OMC —conocidas como Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC)— mediante una exención temporal para ayudar a acabar con la pandemia, y la medida cuenta con el apoyo de algunas de las principales economías, como Estados Unidos y Francia.

En octubre de 2020 se presentó una moción en este sentido, pero la OMC acaba de acordar el inicio de las negociaciones en medio de las crecientes peticiones de los países en desarrollo.

"No tiene sentido que el mundo entero dependa de un puñado de empresas farmacéuticas que no pueden fabricar suficientes vacunas para todo el mundo", reclamó la directora de política sanitaria de Oxfam, Anna Marriott, al inicio de las conversaciones.

"Por muchos millones de dosis que los líderes del G7 se comprometan a donar a COVAX, sólo habrá suficientes si se producen más vacunas y la forma de hacerlo es compartir la propiedad intelectual y la tecnología", añadió.

Un funcionario de la OMC también ha apoyado el esfuerzo de Biolyse y Bolivia para solicitar una licencia obligatoria a Canadá. En declaraciones al Globe and Mail, Antony Taubman, director de la división de propiedad intelectual de la OMC, dijo que se trataba de "un paso muy bienvenido y que quizá allane el camino para que otros miembros [de la OMC] hagan uso del sistema".

Macdonal está de acuerdo en que, en este momento, cualquier movimiento en la dirección de ayudar a los países en desarrollo a asegurar el suministro sería de gran ayuda, ya sea a través de licencias obligatorias o de la exención de los ADPIC.

"Apreciamos y entendemos la innovación [en la producción de vacunas] que los países desarrollados intentan defender, sin embargo, los tiempos extraordinarios exigen medidas extraordinarias", añade Macdonal.

El éxito en este camino podría llevar muchos meses o incluso años. Pero Bolivia está dispuesta a buscar todos los medios posibles para proteger a sus ciudadanos del COVID-19, y para ello necesitará la solidaridad internacional.

Y es un camino que Bolivia es consciente de que no debería recorrer sola, y Macdonal añadió: "Ningún país puede hacer frente a esta situación por sí solo, tiene que haber una respuesta global".