Por Anastasia Moloney
Traducción: Erica Sánchez
BOGOTA, 31 de julio (Fundación Thomson Reuters) - Colombia está capacitando a docenas de inspectores para perseguir casos de trata y explotación laboral, una respuesta a las necesidades de los migrantes de Venezuela que corren un alto riesgo de ser víctimas, según explicaron recientemente funcionarios.
Alrededor de 1.3 millones de venezolanos han cruzado a la vecina Colombia, huyendo de la agitación política y económica, y sus graves dificultades los hace vulnerables al trabajo forzado y la explotación, dijeron.
Dirigiéndose a los inspectores de trabajo designados en su primer día de capacitación, el viceministro de trabajo del país, Andrés Felipe Uribe, dijo que el equipo estaba en la primera línea de los esfuerzos para erradicar "el flagelo" de la trata de personas.
"Esta es una unidad de élite", dijo Uribe. "Estamos luchando contra un crimen, luchando contra un drama social en el contexto de un flujo migratorio que estamos recibiendo".
Alrededor de un tercio de todos los casos de trata de personas en Colombia involucran a víctimas de trabajo forzado y explotación.
Pocos casos de trata laboral en Colombia son perseguidos, con solo 21 casos de presuntos trabajos forzados y mendicidad reportados por las autoridades colombianas el año pasado, según el informe de la trata de personas de 2019 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Colombia condenó a solo 19 personas por trata de personas, frente a las 21 de 2017, según el informe.
Su Ministerio de Trabajo "ha hecho esfuerzos insuficientes para identificar o investigar casos de trabajo forzoso", según el informe, recomendando que los inspectores laborales reciban capacitación sobre trata.
El objetivo de la capacitación es enseñarles a encontrar evidencia concreta que pueda usarse para procesar casos con éxito.
Aprenderán cómo interrogar a empleadores y trabajadores de manera efectiva y a detectar signos de coerción en su comportamiento, de acuerdo con un manual que utilizarán.
Buscarán signos de que los trabajadores se ven obligados a vivir donde trabajan, como colchones, jabón y toallas, y signos de trabajo forzado, como ventanas y puertas con candado y carteles que muestran los horarios en que los trabajadores pueden comer, dormir y lavarse.
"Tenemos que prepararnos para que estos informes de casos se reciban adecuadamente", dijo Mario Gómez, uno de los principales fiscales estatales.
Las víctimas del trabajo forzado, incluidos los niños, se encuentran en áreas como la minería y la agricultura, o como recolectores de cultivos en los campos de coca, el ingrediente crudo de la cocaína, dijo Gómez.
El trabajo infantil es impulsado por la pobreza y las actitudes culturales locales que lo consideran "normal", dijo el inspector laboral Juan Carlos Ballesteros en la sesión de capacitación.
En la región desértica del norte de Colombia, La Guajira, que limita con Venezuela, los niños pequeños de ambos países recogen de los basureros, trabajan como vendedores ambulantes y en minas de sal, venden gasolina de contrabando y mendigan en las calles.
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