Tracy Barnett

GUADALAJARA, México, 25 de mayo (Fundación Thomson Reuters) - Funcionarios nacionales, estatales y locales advirtieron al gobierno mexicano sobre el aumento de la violencia y la necesidad de adoptar más medidas de seguridad en el estado de Jalisco, donde dos hermanos indígenas fueron muertos a tiros la semana pasada.

El doble homicidio de los hermanos, ambos miembros del pueblo huichol y líderes en una batalla con los ganaderos locales por la restitución de tierras indígenas, se produce en medio de un resurgimiento de la violencia de los carteles de la droga y tras una oleada de asesinatos de periodistas y activistas este año. 

 Miguel Vázquez, uno de los líderes muertos, había señalado en una entrevista con la Fundación Thomson Reuters en octubre pasado que las tensiones debidas a una disputa por tierras ancestrales que se remonta a más de un siglo y la creciente presencia de carteles de la droga habían sido fuente de grave preocupación por algún tiempo.

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Su hermano Agustín murió en el hospital después de que un grupo de hombres armados le dispararan el sábado por la noche, mientras que Miguel fue ultimado a tiros cuando salía esa noche del hospital.

En una investigación preliminar realizada por las autoridades estatales se responsabilizó a una banda criminal que opera en las proximidades, en la frontera entre los estados de Jalisco y Zacatecas, informó la oficina del fiscal de Jalisco en un comunicado el domingo, sin ofrecer mayores detalles. 

El estado de Jalisco, ubicado en el occidente de México, sirve de base de operaciones al cartel de la Nueva Generación, que Aristóteles Sandoval, el gobernador del estado, ha descrito como la mayor organización del narcotráfico en México.

VIVIR SUMIDOS EN EL MIEDO

La tribu huichol vive con temor a raíz de los homicidios, dijo Santos Hernández, quien es el comisionado de tierras públicas para el territorio huichol de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños.

"Nadie tiene ganas de trabajar ni de viajar en sus autos; nos vigilan a todos y a nuestras familias," dijo a la Fundación Thomson Reuters refiriéndose a los pandilleros del cartel en el área.

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El gobierno ha respondido muy lentamente a los problemas, agregó.

Desde los homicidios del fin de semana pasado, las autoridades apenas enviaron una fuerza especial a esta área remota. Hernández señaló que él espera que se establezcan puestos de control en las carreteras y se mantenga una presencia permanente.

"Esto ha sido un tema de preocupación para la comunidad." Hemos solicitado esas medidas y las autoridades no han respondido. “Ahora, con lo sucedido, creo que tenemos derecho a una mayor vigilancia," agregó.

El gobierno mexicano y el gobierno del estado de Jalisco no respondieron de inmediato a las solicitudes de entrevista.

En la región ha venido gestándose en los últimos años una disputa territorial por más de 10,000 hectáreas (24,710 acres) de tierras indígenas después de que tras una larga serie de recursos judiciales se dictara un fallo a favor de los huicholes.

Vázquez había ayudado a repeler a los ganaderos que invadieron las tierras de los huicholes. Su hermano, Agustín, también había defendido las tierras indígenas.

En los últimos meses se aprobaron dos resoluciones por separado del Congreso, una a nivel federal y otra a nivel estatal, instando al gobierno estatal a proporcionar una mayor seguridad en la región y solicitando la asignación de fondos federales para abordar los conflictos agrarios.

Clemente Castañeda, vocero de la minoría en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión de México por el Partido Movimiento Ciudadano, dijo que los funcionarios del gobierno estatal deberían haber intervenido mucho antes en la región.

"Lo más fácil es decir que se trata de un caso aislado," dijo Castañeda.

"Sin embargo, parece demasiada coincidencia que este homicidio se haya producido en medio de una disputa muy prolongada por las tierras que ha generado un conflicto permanente en la zona."

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Miguel Vázquez y otros huicholes le habían indicado el año pasado a la Fundación Thomson Reuters que habían sido amenazados y hostigados por ganaderos vecinos, que estaban molestos por una orden judicial para que la tierra sea restituida.

En marzo, Vázquez expresó que la comunidad estaba tratando de organizar un grupo armado de autodefensa y que se estaban preparando para tomar medidas en otro reclamo de restitución.

Alfonso Hernández, quien es inspector de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, visitó la comunidad el martes para notificar a los residentes sobre sus derechos como víctimas y recordarles el derecho que tienen a resarcimiento por daños colectivos.

"Este es un pueblo indígena que tiene un sentido de identidad comunitario, por lo que se afecta a la comunidad en su conjunto, ya que ven amenazadas sus costumbres y tradiciones," dijo.

Hernández manifestó que Miguel era el líder de la comunidad que había trabajado más tiempo y con más empeño por recobrar y defender el territorio de su pueblo.

"Era tenido en muy alta estima y reconocimiento. Esto es un agravio al corazón de la comunidad," dijo.