Hoy, 213 países en el mundo se ven afectados por el COVID-19. 131 de ellos han informado casos de infectados y son países de acogida de refugiados.

Según la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), 70,8 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares, incluidos 25,9 millones de refugiados y 40,3 millones de personas que han sido desplazadas dentro de sus países.

La ONU y sus socios están trabajando para evitar que la pandemia cause estragos en las poblaciones vulnerables que ya están haciendo frente a los impactos de las crisis humanitarias.

"Prevenir o retrasar los brotes, particularmente entre los más vulnerables, es la acción más importante que podemos tomar en este momento", dijo Ann Burton, jefa de la Sección de Salud Pública de ACNUR, en un comunicado.

ACNUR ha intensificado sus esfuerzos en la lucha contra el COVID-19 a través de la atención médica, de la provisión de materiales de higiene y unidades de aislamiento, así como en el monitoreo de la propagación de la pandemia y el desarrollo de redes de comunicación, entre otras medidas.

La agencia de refugiados se dedica a defender los derechos y la protección de las personas que han sido desplazadas por la fuerza, incluido el derecho a solicitar asilo, a pesar del cierre de fronteras. La agencia también está trabajando mediante alianzas en el terreno para prevenir y responder a la violencia sexual y de género.

Los campamentos de refugiados están superpoblados crónicamente y a menudo ofrecen acceso limitado a servicios de agua, saneamiento e higiene, lo que hace que las medidas para mitigar la transmisión del COVID-19 sean más difíciles de establecer. Además, más del 80% de los refugiados se encuentran en países de bajos y medianos ingresos, con sistemas de salud mal equipados para manejar los brotes de COVID-19.

El COVID-19 es un virus que no respeta fronteras, y los refugiados se encuentran entre los más afectados.

"Estamos particularment preocupados por aquellos que se encuetran en movimiento, ya que hemos visto las fronteras cerradas, total o parcialmente, en más de 120 países", le dijo Kathryn Mahoney a Global Citizen, portavoz global de ACNUR. "Si bien esto puede ser una respuesta de salud comprensible, se vuelve peligroso si significa que hay vidas en riesgo, y si las personas que huyen de conflictos, violencia o persecución no pueden buscar asilo y llegar a un lugar seguro".

El COVID-19 ha paralizado a los solicitantes de asilo, y los países hicieron pausas en los programas de reasentamiento de refugiados.

"En Canadá, como en otros lugares, el ACNUR se ha comprometido con el gobierno para abogar por las excepciones a los cierres de fronteras para los solicitantes de asilo, y por cualquier restricción que se les pueda poner en su derecho a solicitar asilo en el menor tiempo posible", le dijo Rema Jamous Imseis, a Global Citizen, representante de ACNUR en Canadá.

"También hemos enfatizado la importancia de incorporar fuertes protecciones en cualquier medida temporal y extraordinaria para abordar la emergencia de COVID-19, y también buscamos garantizar que ningún solicitante de asilo a quien se le haya negado el acceso a Canadá será devuelto a un lugar en donde se enfrentan a una persecución o riesgo grave", agregó Jamous Imseis.

Pero, a medida que continúa la pandemia, Mahoney enfatizó el riesgo emergente que representa la paralización de las economías y estas situaciones que se vuelven más graves. Saidul Hoque es un ejemplo de estos desafíos, un refugiado rohingya en Kutupalong, el asentamiento de refugiados más grande del mundo en Bangladesh.

"Vivimos en casas muy pequeñas con demasiada gente. Siete miembros de mi familia comparten un refugio de ocho por diez. Todos nos piden que mantengamos la distancia social, pero ¿cómo podemos hacerlo? Es totalmente imposible para nosotros", le dijo Hoque a ACNUR. "Para prevenir el coronavirus, todos necesitamos lavarnos las manos con frecuencia, pero no tenemos suficientes baños e instalaciones de lavado. Ni siquiera tenemos suficiente agua para satisfacer nuestras necesidades básicas".

La pandemia de coronavirus afecta mucho más que la salud global.

"La realidad es que el coronavirus es un desafío para la salud, pero también es un desafío humanitario masivo para el que no existen precedentes", dijo Mahoney.

Trabajadores, refugiados y migrantes en el frente de la respuesta al COVID-19

Más allá del transporte aéreo de los equipos de protección personal y la creación de infraestructura de respuesta en estos sistemas de salud, tensos por las crecientes presiones de la pandemia, el ACNUR está aprovechando otro recurso para apoyar la situación: trabajadores de la salud refugiados y migrantes.

Una piedra angular de la respuesta al coronavirus del ACNUR ha sido la generosidad de los trabajadores de la salud refugiados y migrantes capacitados y calificados. En América Latina, miles están trabajando en conjunto con los sistemas nacionales de salud que responden al COVID-19, y muchos más están listos para retribuírselo a las comunidades que los albergan.

El ACNUR dice que los trabajadores de salud desplazados por la fuerza en todo el mundo han expresado su voluntad de trabajar junto a sus pares en la primera línea contra el COVID-19.

El ACNUR facilita la conexión entre médicos de refugiados calificados y con experiencia, con hospitales locales que cuentan con personal reducido y clínicas colapsadas por la pandemia.

"Nuestro principal atractivo para los países de todo el mundo es incluir a los refugiados en sus sistemas de salud; no podemos vencer una pandemia dejando a la gente afuera", dijo Mahoney.

Jamous Imseis se hace eco de este llamado a la acción.

"La crisis del coronavirus ha exacerbado las necesidades humanitarias ya terribles a nivel mundial", dijo. "El apoyo oportuno y flexible de los gobiernos, el sector privado y las personas para las operaciones humanitarias en curso sigue siendo crítico".