Por Ellen Wulfhorst
Traducción Erica Sánchez
NUEVA YORK, 8 de julio (Fundación Thomson Reuters) - Dos de cada tres personas carecen de acceso a la justicia, con las personas apátridas, esclavizadas y afectadas por la guerra, siendo las más afectadas, según una investigación publicada recientemente que mostró el desafío de lograr el objetivo de Naciones Unidas de Justicia para todos.
Más de cinco mil millones de personas caen en una "brecha de justicia", incapaz de resolver las disputas desde la apropiación de tierras hasta los delitos violentos, dijo el Grupo de Trabajo sobre la Justicia, parte de una asociación de miembros de la ONU, grupos civiles y el sector privado.
Proporcionar acceso a la justicia para todos es uno de los muchos objetivos mundiales ambiciosos, junto con la eliminación del hambre y la desigualdad de género, que los miembros de la ONU se han propuesto alcanzar para el 2030.
El grupo de trabajo fue un proyecto de Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies, una asociación diseñada para promover los objetivos globales de la ONU.
Una reunión cumbre de alto nivel sobre el progreso de los objetivos está programada para fines de este mes, cuando se pedirá a los países que aceleren sus planes.
El grupo de trabajo contó con 5,1 mil millones de personas que carecen de justicia, incluidos más de mil millones sin identidad legal y más de 2 mil millones que trabajan de manera informal sin contratos y protección de la legislación laboral.
Más de 2 mil millones no tienen pruebas legales de sus derechos de vivienda o tierra, más de 40 millones están atrapados en la esclavitud moderna, 12 millones carecen de identidades nacionales y más de 200 millones viven en sociedades sin estado de derecho, dijeron.
Además, 1.500 millones de personas tienen un problema de justicia que no pueden resolver porque no saben a dónde ir o porque el sistema es costoso o injusto, dijeron, señalando que las categorías se superponen.
Como resultado, las personas son vulnerables al abuso y la explotación y se pierden oportunidades económicas. Los crímenes violentos no se denuncian, y las disputas que involucran tierras, vecinos o familias no se resuelven, explicaron.
Las propiedades puede ser confiscadas sin compensación, o se les puede negar servicios públicos a los miembros de una minoría.
"Los sistemas de justicia no están funcionando para la gran mayoría de las personas", dijo Maaike de Langen, jefe de la investigación del grupo de trabajo.
"Es un problema en todos los países", dijo en una entrevista a la Fundación Thomson Reuters. "Hay trabajo por hacer en todas partes".
El costo de satisfacer las necesidades legales básicas sería de $20 por año por persona en países de bajos ingresos, menos que el costo de proporcionar educación básica o atención médica esencial, dijo.
En Argentina se puede encontrar progreso, donde se ofrecen abogados, trabajadores sociales y psicólogos para ayudar con los problemas legales, y también en Sierra Leona, donde la policía y los civiles se unen para mitigar el conflicto local, dijo.
"Hay un impulso político positivo para trabajar en esto", dijo de Langen. "La gente está pidiendo más justicia. Ese es un factor importante para la movilización".
Ganar el acceso libre y justo a la justicia también sustenta otros objetivos globales y ayuda a sacar a las personas de la pobreza y la lucha, según el informe.
"Sin justicia, no podemos cumplir la promesa de la agenda 2030 de erradicar la pobreza en todas sus formas, abordar la desigualdad y promover la prosperidad compartida, además de proteger al planeta de la degradación", dijo.
Reporte y edición en inglés: Ellen Wulfhorst y Lyndsay Griffiths.
Traducción: Erica Sánchez