La fiscal guatemalteca Virginia Laparra ha estado en prisión desde febrero de 2022, después de iniciar una investigación contra el juez Lesther Castellanos por presuntos actos de corrupción. El juez consiguió desechar el caso y, en su lugar, acusó a Laparra de abuso de poder, lo que condujo a su arresto y encarcelamiento.
Después de estar en detención preventiva, fue sentenciada en diciembre del mismo año a cuatro años de prisión. A pesar del hecho de que Laparra ya estaba en la cárcel, en octubre le dictaron otra orden de aprehensión, la cual está vinculada a otra denuncia penal en su contra, presentada por el mismo juez.
Amnistía International describió los cargos contra Laparra como “procesos criminales sin fundamento plagados de irregularidades que violan sus derechos humanos” y calificó de “prisionera de conciencia” a Laparra.
“Es claro que las irregularidades y acciones de arbitrariedad múltiples del caso presentado por la fiscalía y el poder judicial se deben a la obsesión de las autoridades de castigar a todas las personas que contribuyeron a la lucha contra la corrupción e impunidad”, afirmó en una declaración Erika Guevara-Rosas, Directora de Amnistía International para las Américas.
El encarcelamiento de investigadores de casos de corrupción como Laparra por parte de Guatemala también ha sido denunciado por Transparencia International y por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Volker Türk.
Laparra, de 42 años de edad, compareció ante un juzgado el 17 de agosto por el segundo caso y será representada por sus abogadas, Claudia González y Flor de María Gálvez Álvarez. Las abogadas compartieron sus historias con Global Citizen y hablaron sobre las condiciones inhumanas en las que se encuentra detenida Laparra.
En mis propias palabras: Claudia González
He ejercido la profesión de abogada de derechos humanos durante 24 años en Guatemala. Trabajé en la oficina del arzobispado cuando estudiaba derecho, y también con Juan Gerardi [el arzobispo de Guatemala que fue asesinado en 1998 después de publicar un reporte que acusaba al ejército de llevar a cabo ejecuciones civiles]. Formé parte de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), junto con Flor. En CICIG estuve como 8 o 9 años, trabajando duro. Este tema es complicado porque significa trabajar en actos de corrupción llevados a cabo sobre todo por personas que ejercen el poder económico y político. Sabíamos que era un caso muy difícil, pero no lo creíamos imposible. Pienso que puede haber un mundo mejor donde podamos trabajar para lograr cosas mejores. Por esta razón participo en este proyecto. Sin embargo, este último año ha sido difícil. Sabíamos que iba a haber consecuencias muy fuertes por nuestro actuar.
Flor y yo conocíamos a Virginia y a otros miembros de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), quienes también están siendo criminalizados. También estoy a cargo de la defensa de Allis Morán y Paola Escobar [exfiscales que también están detenidas]. Eran mis compañeras en las audiencias. Lo anterior explica la razón por la cual estamos en estos casos, porque las conocemos y creemos que es injusto por lo que están pasando. Todo el esfuerzo es para que ellas logren salir, porque las acusaciones en su contra son injustas. No es nada fácil pasar por un proceso de encarcelamiento.
No sólo porque son colegas, sino por ser mujeres y amigas. Sabemos que para las mujeres las cosas son diferentes y sentimos lo que sienten ellas al estar lejos de sus hijos, de sus esposos. No poder ejercer su profesión [como fiscales]. Son mujeres brillantes cuyo desarrollo profesional ha sido truncado. Eso duele y compartimos su dolor. Laparra tiene dos hijas, de 16 y 14 años. Es oriunda de Quetzaltenango, ubicado a 5 horas de la Ciudad de Guatemala, donde está encarcelada.
Laparra me contactó en diciembre de 2021 para decirme que venía a la Ciudad de Guatemala para defender a Leily Santizo, Allis Morán y Paola Escobar, pero poco tiempo después en febrero de 2022 también la detuvieron a ella. Estaba muy estresada y deprimida. Le dijimos que apelaríamos la resolución, pero el juez a cargo de su caso, Sergio Mena, dictaminó que todas las audiencias fueran a puerta cerrada y sin acceso a los medios. Cuando entro en la primera revisión de las medidas para defender a Laparra, con otra abogada y su hermano veo que están el procurador general, representantes de la Fundación contra el Terrorismo –que eran dos exmilitares horribles– y Lesther Castellanos, exjuez y Comisionado Contra la Tortura, quien nos ordenó que nos calláramos. También nos insultó. Las audiencias eran brutales.
En una audiencia posterior en junio de 2022, solicitamos la liberación de Laparra, pero el juez argumentó que estábamos dándole información a la prensa y dictaminó que hacer lo anterior era una forma de obstruir la justicia y no liberó a Laparra.
Luego la trasladaron a una prisión mucho más estricta. Anteriormente tenía permitido recibir visitas, acceso a un doctor y los visitantes podían llevarle comida. La enviaron a una cárcel donde sólo ocho personas podían visitarla y no tenía acceso a nada. En la primera prisión estaba en una celda de cuatro metros por cuatro, con un baño. Tenía sólo una hora de luz al día, que logramos extender hasta tres.
Mujeres reunidas afuera de un juzgado en apoyo a la fiscal guatemalteca Virginia Laparra, mientras ésta asiste a una audiencia en la Ciudad de Guatemala, 7 de junio de 2022.
Las condiciones de encarcelamiento son brutales. Laparra no es una criminal peligrosa que deba ser encerrada en instalaciones de máxima seguridad. Es una exfiscal, pero es tratada como si fuera traficante de drogas. Las condiciones y el trato son severos. Ahora está en Matamoros en una prisión con una celda más grande que comparte con seis mujeres más, y donde puede preparar sus alimentos. Sin embargo, la prisión se encuentra en una base militar y las condiciones siguen siendo horribles.
Hasta ahora hemos estado en varias audiencias. En la última, en noviembre de 2022, Laparra padecía un sangrado vaginal que le duró 22 días. Tuvo que rogarle a la jueza para que la dejara ir al baño. Hemos visto otros casos de traficantes de drogas, asesinos que son mejor tratados que ella. El juez Sergio Mena es un misógino, abusivo e intolerante. Insultó a Laparra y también a nosotras. Tenemos las grabaciones. En el momento nos lo tomamos con calma porque somos mujeres profesionales, pero en el fondo nos sentimos ofendidas.
A Laparra le dieron una sentencia de cuatro años que estamos apelando ahora y tratando de conmutar esos cuatro años en dinero. Ya ha pasado 18 meses en prisión, que equivalen a casi la mitad de la sentencia. Así que podríamos haber pagado el resto de días con dinero, pero no quieren porque desean que siga encerrada. Ya recibió sentencia para el caso en la Ciudad de Guatemala. Ahora estamos esperando la próxima audiencia por otro caso en su contra, que se realizará en Quetzaltenango. Desde un principio hemos argumentado que revelar información confidencial a la prensa no es en realidad el delito por el que está siendo castigada. Se trata de un caso de venganza contra ella por parte del juez Lesther Castellanos [actualmente el Relator Contra la Tortura en Guatemala], a quien Laparra acusó de corrupción.
En mis propias palabras: Flor de María Gálvez Álvarez
Soy abogada. Trabajé 11 años en CICIG, desde que se creó hasta que se cerró en 2019. Trabajé directamente con Virginia Laparra durante dos años en Quetzaltenango, cuando ella era jefa de la Unidad de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), y yo era representante de CICIG. La conocí y formé un vínculo con ella. Cuando la detuvieron comencé a apoyarla junto con Claudia.
Salí de Guatemala porque comenzaron a vincularme con el caso de Laparra, pero desde el exilio, desde donde me encuentro, he continuado apoyando a las compañeras de distintas maneras, en lo que ellas necesiten. También trabajé en una asociación que acompaña niñas víctimas de violencia sexual y trata. Así que tengo experiencia en casos de violencia contra las mujeres. Es mi especialidad como abogada.
Las autoridades guatemaltecas persiguen a fiscales y procuradores y abogados de derechos humanos. Envían sus casos a procuradores específicos, quienes presentan cargos en contra de ellos. No permiten el acceso a los expedientes de los casos, las audiencias se realizan a puerta cerrada y la información sobre los procesos está restringida, para que de esa manera los actos de los jueces se desconozcan.
Es importante resaltar el aspecto de género: cómo esta criminalización se ha enfocado en las mujeres y sobre todo en las mujeres que son madres. Por ejemplo, a Laparra le aconsejan que admita los cargos en su contra para que pueda estar con sus hijas otra vez, o para que salga de prisión pronto, pero son cargos espurios y sin fundamento legal.
Visualizar el caso ha significado que los jueces acepten ahora peticiones relacionadas con la salud de las prisioneras y su atención. Saben que organizaciones internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos están al pendiente del caso de Laparra. Eso ayuda en otros casos relacionados con otras mujeres. Hay pocas declaraciones de testigos porque los testigos son las mismas personas que la están acusando, y no hay evidencia científica, no hay una investigación bien hecha. No hay documentos que prueben su culpabilidad.
Una mujer cuelga folletos de apoyo a la fiscal guatemalteca Virginia Laparra, en Ciudad de Guatemala, el 7 de junio de 2022.
Pero como el caso ha atraído la atención de los medios, la gente ahora está consciente de él. También necesitamos hablar sobre los otros cientos de mujeres que están en prisión en Guatemala y que reciben alimentos podridos o inadecuados. Allis Morán y Paola Escobar, que están en prisión en Santa Teresa, corren peligro porque también hay policías mujeres en la cárcel que podrían atacarlas por ser fiscales. Las condiciones en prisión son una forma de tortura. Las mujeres son tratadas de esa manera para que se vean obligadas a admitir cargos en su contra.
Laparra era la jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), que se volvió una organización que ahora persigue a los que trabajaban antes en la fiscalía. Criminaliza a las personas, en lugar de continuar con las labores de investigación que justificaron su fundación. La Oficina de Anticorrupción siempre ha existido como un cuerpo que investiga actos de corrupción por los políticos. FECI se fundó para que trabajara en conjunto con CICIG, pero este último contaba con funcionarios que crearon impunidad para favorecerse a sí mismos.
Pienso que el apoyo internacional de la sociedad civil es muy importante. Sé que las cartas o peticiones expresando preocupación sobre el caso son sumamente importantes, pero también nos gustaría ver cartas que expresen preocupación de la situación en Guatemala en general. La gente puede escribir individualmente o en grupo o como organización para expresar su preocupación acerca de lo que está pasando en Guatemala, y exhortar a sus gobiernos para que éstos hagan peticiones al gobierno de Guatemala. Es una acción política muy importante para nosotras, que la gente exhorte a sus gobiernos a que vigilen a Guatemala, que le pidan al gobierno guatemalteco que responda en relación a las violaciones de derechos humanos que están sucediendo en el país.
También ha habido sanciones por parte de Estados Unidos contra funcionarios guatemaltecos. Sólo afectando la economía de estas personas es que se les puede detener. Guatemala está perdiendo mucha credibilidad ante los inversionistas y la visibilidad del caso hace que las compañías se den cuenta de que no hay seguridad legal para establecerse en Guatemala. Esta sería otra manera de ejercer presión.
Contado a Adam Critchley. Este artículo fue editado por cuestiones de claridad y longitud.
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